García Gaona entrega una placa de reconocimiento a Ángel María Villar en su última visita a Ceuta, el pasado mes de junio

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) va a estudiar este jueves la situación en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de su petición al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de expedientar a los cinco dirigentes investigados dentro de la ‘Operación Soule’, entre los que se encuentra el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta Antonio García Gaona.

Ángel María Villar, suspendido cautelarmente por un año por el CSD por su implicación en el caso ‘Soule’, está enm lñibertad bajo fianza, al igual que vicepresidente económico de la RFEF, Juan Padrón, y el hijo del primero Gorka Villar, acusados de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Red de clientelismo

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz entiende que el presidente de la Federación Española de Fútbol tejió un  “entramado” y una red de “clientelismo” que permitió “el desvío de millones, de fondos tanto públicos como privados”, del ente federativo.

El auto del juez, que levantó el secreto del sumario, confirmó la condición de investigados de otros directivos de la RFEF, tras lo que el CSD pidió al TAD la apertura de expediente que permitiría su suspensión temporal por la Comisión Directiva, tal y como ocurrió con Villar y Padrón cuando se destapó el caso.

Se trata de Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), José Miguel Monje (Región de Murcia), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y Vicente Muñoz (Valencia), miembros de la junta directiva de la RFEF que a principios de septiembre pidió sin éxito la dimisión de Ángel  Villar del cargo de presidente.

La negativa de Villar mantiene a la RFEF en un estado de interinidad, que el CSD planteó tutelar mientras se acordaba la elección de un nuevo presidente, medida que la RFEF no comparte.

El diario 'El País' publicó hace días una información sobre la Operación Soule que desvelaba que la agencia Viajes Trujillo, la empresa de la que es administrador único el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, habría facturado a la Federación Española de Fútbol 700.000 euros.

García Gaona, que, además de presidente de la Territorial ceutí, era consejero de la mutualidad y miembro de la junta directiva de Ángel María Villar, formaría parte de la red clientelar descrita por el juez Santiago Pedraz en el auto en el que decretó la prisión del presidente de la RFEF.

Según el diario 'AS', la suspensión de los presidentes territoriales no es nada fácil. La clave está en el Reglamento de Disciplina Deportiva, dentro del cual se consideran como muy graves y motivos de suspensión cuando los directivos o el daño que estos hagan suponga el 1% del total del presupuesto de la Federación Española de Fútbol.
Algo que, según 'AS', no se produce en ninguno de los cinco directivos que podrían estar involucrados en el caso Soule.