Imagen de la reunión telemática de los presidentes de las distintas federaciones deportivas

Las federaciones deportivas españolas, agrupadas en torno a la Asociación del Deporte Español (ADESP), mantuvieron una reunión telemática de la que resultó el envío de una solicitud al Consejo Superior de Deportes (CSD) de “máximo respaldo legal” para afrontar todos los problemas jurídicos que se puedan derivar de la no finalización de las competiciones por la pandemia del coronavirus, según informa Iusport.

Asimismo, las federaciones han planteado al CSD, respecto a las elecciones, inicialmente previstas para 2020 y que se han visto obstaculizadas por la crisis sanitaria y el estado de alarma, que abra la mano para que se habilite como periodo electoral, no sólo 2020, sino todo el año 2021.

Las federaciones aducen como argumento que las elecciones deben coincidir con el ciclo olímpico y que el actual, ha cambiado debido a la situación excepcional que vive el mundo entero. En base a ello, piden al Gobierno una cobertura legal, fundamentalmente en dos frentes: el competicional y el electoral.

Lo que piden las federaciones al CSD:

1.- Modificar la Orden reguladora de las elecciones de 2017, aún vigente, de forma que se permita celebrar las elecciones en “2020 o en el año del ciclo olímpico”, a elegir por cada federación. En este caso, las federaciones podrían elegir celebrarlas en 2020 o en 2021.

Entendemos que esto no quiere decir que el mandato de las que celebren las elecciones en 2021 terminará en 2025, sino en el siguiente año del ciclo olímpico, que es 2024.

2.- Aprobar un decreto o una orden ministerial (el rango de ésta podría no ser suficiente) que faculte a las federaciones para tomar el acuerdo que consideren más conveniente acerca de reanudar o dar por finalizada esta temporada, en función de las circunstancias excepcionales que padecemos por la crisis del COVID-19.

Dado que este acuerdo afecta al marco general de la competición, y que por tanto podría ser recurrido ante el CSD, las federaciones quieren una cobertura normativa del Gobierno previa con la que evitar que prosperen eventuales impugnaciones.