La Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, con Juan Luis Larrea al frente por ser el miembro más antiguo de la junta directiva tras el ingreso en prisión de Ángel María Villar, aprobó el miércoles el reparto de los ingresos televisivos procedentes de la Copa el Rey, la Supercopa de España y del 1% del Real Decreto 5/2015 de venta centralizada de Primera y Segunda, destinados a los clubes de competiciones no profesionales.
Larrea, que viajó a la ciudad autónoma con Villar en la última visita del presidente de la RFEF a la ciudad autónoma para asistir a la entrega de trofeos de la temporada 16-17, es el presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol y miembro de la junta directiva de la Española desde 1988, en donde ejerce la función de tesorero.
Según indicó la secretaria general de la RFEF, Esther Gascón, acudieron a la Asamblea, celebrada este miércoles en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid), 93 asambleístas de los 140 convocados, entre los que no se encontraba Antonio García Gaona, que no pudo finalmente desplazarse a la capital de España por enfermedad. El jugador del Ceuta Antonio Prieto, el segundo representante de la FFCE, sí estuvo en la Asamblea anual del fútbol español.
El reparto televisivo, expuesto por el presidente y tesorero de la RFEF Juan Luis Larrea -nombrado el martes, en sustitución de Ángel María Villar- se aprobó con 81 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones; después de que el presidente de la Comisión de clubes de Segunda B y Tercera (ProLiga), Óscar Garvín, cambiara su voto de negativo a positivo tras realizar varias preguntas.
Según explicó Larrea, la Federación destinará "íntegramente" los ingresos obtenidos por los derechos audiovisuales de la Supercopa de España y la Copa del Rey al desarrollo del fútbol aficionado.
Casi 30 millones
Estos ingresos ascienden a 29,6 millones, que comprenden la suma de 15,6 millones de euros (de los cuales 3 corresponden a la final de la Copa del Rey, 4 a la Supercopa, 4,8 al convenio de fútbol base y 3,8 al convenio de la Copa del Rey), y otros 14 millones que proceden del uno por ciento de los ingresos totales de la comercialización conjunta de los derechos televisivos de LaLiga, acordados en el Real Decreto 5/2015.
Estos 29,6 millones se reparten directamente a los clubes de cada categoría no profesional, a razón de 60.000 euros por equipo de Segunda B, 27.500 por equipo de Tercera, 6.000 por equipo de División de Honor Juvenil, 2.500 por juvenil de Liga Nacional y también a los clubes del fútbol femenino, fútbol sala y otras competiciones; y además a los equipos de Segunda B y Tercera que accedan a la Copa del Rey en función de las eliminatorias disputadas.
"Comparando, en Segunda B en total se reparte casi el doble, de 5,5 millones a 9,9; y en Tercera de 3 millones a 12 millones. Todo esto gracias a los ingresos del Real Decreto", explicó Larrea.
A través de la pregunta del presidente de ProLiga -que agrupa a más de 200 clubes de Segunda B y Tercera entre ellos la AD Ceuta FC- Óscar Garvín, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol José Ángel Peláez explicó que estas cantidades se añaden a las que ya se repartían anteriormente.
Más de 30.000 euros
De esta manera, según explicó Peláez, en conjunto los equipos de Segunda B pasarán a cobrar de 42.000 euros la pasada temporada a "cerca de 90.000" en total, los de Tercera de 6.000 a más de 30.000 en función de su provincia, a los que se añadirían nuevos ingresos si disputan la Copa del Rey.
Las cantidades se corresponden al reparto de la temporada 2016-17, aunque al ser preguntados por Garvín sobre cuándo cobrarán los clubes este dinero, el presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Maté, puntualizó que LaLiga no les ha entregado aún el 1% comprometido por el Real Decreto, con cuya liquidación la RFEF no está de acuerdo, por lo que han pedido la mediación del Consejo Superior de Deportes.
La Asamblea General no abordó los puntos 3.1, 3.2 y 3.3, destinados al balance, cuenta de resultados y liquidación del presupuesto 2016, el presupuesto 2017, y los actos de disposición y gravamen, tal y como se acordó en la junta directiva del martes, que se abordarán en una nueva asamblea convocada para el 31 de julio, según anunció Larrea.